Subejercen los estados 80% de recursos para seguridad

MILENIO

En ese periodo recibieron $4 mil 150 millones, pero sólo ocuparon 900.Jalisco e Hidalgo no han tocado los fondos; Chihuahua y Edomex utilizaron casi 60%.

México.- A contrapelo de su demanda de más recursos para combatir la violencia criminal, las 32 entidades federativas ejercieron en conjunto 900 millones de los 4 mil 150 millones de pesos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante el periodo enero-junio de 2010, es decir, apenas uno de cada cinco pesos “etiquetados” para ese fin.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los estados de Hidalgo y Jalisco no gastaron un solo peso de dicho fondo, mientras 11 entidades (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí) utilizaron menos de 10 por ciento del presupuesto que transfirió la Federación en ese lapso.
Solamente el Estado de México, Chihuahua y Zacatecas gastaron más de la mitad de sus respectivos fondos destinado a seguridad pública, aunque ninguno rebasó 60 por ciento.

Según el reporte denominado “Evolución del Gasto Programable del Ramo 36 Seguridad Pública 2001-2010”, la Cámara de Diputados aprobó una partida de 6 mil 916 millones de pesos para el actual ejercicio fiscal del FASP.
Hasta junio pasado las entidades federativas habían recibido 4 mil 150 millones de pesos por dicho concepto, pero sólo habían ejercido 21.7 por ciento (900 millones de pesos).
Con cero pesos ejercidos, Hidalgo disponía hasta ese momento de 104.4 millones de pesos, mientras Jalisco tenía depositados 186.4 millones más.

Esta lista de subejercicios la conforman también Oaxaca, que aplicó 2.8 millones de pesos (2.1 por ciento) de 131 millones disponibles; Guanajuato, 4.2 millones (2.8 por ciento) de 150.5 millones; Coahuila, 4.2 millones (3.6 por ciento) de 117.2 millones; Nuevo León, 6.2 millones (3.9 por ciento) de 159.1 millones, y Baja California, 9.9 millones (5.8 por ciento) de 168.8 millones de pesos.

Problema históricoEl Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados subraya que, de 2003 a la fecha, los recursos del FASP no han sido ejercidos a cabalidad, “lo que ha sido asociado a la complejidad de la normativa aplicable”.
No obstante, “el resultado de la ejecución de recursos es paradójico, porque la normatividad aprobada para 2010 tiene el propósito de hacer eficaz el flujo y aplicación de recursos autorizados a las entidades federativas y municipios”.
A Zacatecas, Chihuahua y México se suman Guerrero, Colima y Nayarit como entidades con mayor ejercicio del gasto federalizado en materia de seguridad pública.

Con la aplicación de 39.7 millones de los 67.6 millones de pesos, Zacatecas gastó 58.8 por ciento de sus disponibilidades por la vía del FASP, mientras Chihuahua ejerció 80.2 millones (56 por ciento) de 143. 2 millones y el Estado de México 165.5 millones (50.1 por ciento) de 330 millones de pesos.

En un segundo bloque de eficiencia en el ejercicio del fondo aparecen Guerrero, con la utilización de 61 millones (49.4 por ciento) de 123.5 millones de pesos; Colima, 30.6 millones (48.5 por ciento) de 63.1 millones, y Nayarit, con 37 millones (46.2 por ciento) de 80 millones de pesos.

El reporte del referido centro de estudios revela que solamente Veracruz y Zacatecas consiguieron ejercer la totalidad de sus fondos federales para seguridad pública correspondientes al año anterior, mientras las restantes 30 entidades mantuvieron subejercicios de entre 1 y 40 por ciento.

“Lo anterior pudiera indicar que las entidades reciben los recursos del FASP durante el año en que fueron autorizados y los ejercen hasta el siguiente año, de conformidad con sus programas y los anexos técnicos firmados con las autoridades federales y, de esta forma, atienden sus problemas en materia de seguridad pública”, indica.
No obstante, agrega, la Cámara de Diputados ha autorizado la asignación presupuestal del FASP, independientemente de la ejecución de los recursos por parte de los estados y el Distrito Federal.