EL UNIVERSALCriadores de por lo menos 11 estados del país aseguran que el robo se ha multiplicado en los últimos dos años, el producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos, pero también en negocios legales.
Bájate o te mueres!”, le advirtieron. Con un cuerno de chivo apuntándole a la cabeza, Carlos Camarena no tuvo otra opción que entregar las llaves de su camioneta, bajarse con los brazos en alto y dejar que se la llevaran los cuatro hombres que lo interceptaron a las 10:00 horas en la comunidad Téjaro, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.
Los delincuentes no pretendían robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco kilómetros adelante. Querían la “mercancía” que iba en la parte trasera, cuyo valor fue estimado por su dueño en 70 mil pesos. Iban por los tres becerros y el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos años y medio. Carlos es ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el negocio familiar de cría y venta de becerros. “Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la piensa porque ahora te cuesta la vida”.
Organizaciones ganaderas de al menos 11 estados de la República aseguran que el robo de ganado o abigeato —como se tipifica el delito— ha repuntado en los últimos dos años. Los caballos, las vacas, los borregos y los becerros son los principales animales robados, y las pérdidas para los criadores son contabilizadas en varios miles de pesos.
Un toro, por ejemplo, llega a costar entre 8 mil y 10 mil pesos; una vaca ,entre 10 mil y 12 mil pesos; una vaca lechera se vende hasta en 25 mil pesos; un caballo entre 15 mil y 30 mil pesos, y un becerro cuesta entre 10 y 20 mil pesos.
Ganaderos de Aguascalientes, el estado de México, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas consideran que este delito ha crecido entre 30% y 50%, y lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito.
Las sanciones para los delincuentes que cometen abigeato varían, según el Código Penal de cada estado de la República, entre los seis y 20 años de cárcel, pero pocos son los responsables procesados. “Denunciarlo, ni pensarlo, porque se pierden cuando menos cuatro horas y al final los sueltan. Mejor, para evitarse más problemas y las represalias, uno se queda callado por temor, para evitar que nos maten, nos secuestren o nos extorsionen porque sabemos que pues ya se trata de gente de aquí mismo de la comunidad, que ahora está metida en el narco”, dice Carlos Camarena.
Ninguna autoridad federal —incluida la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)— lleva a cabo un registro de los robos de ganado que se cometen en el país y los ganaderos suelen apelar a la buena voluntad de las procuradurías estatales para que se realicen operativos e inspecciones en carreteras que contribuyan a disminuir el delito.
La mayoría de los ganaderos entrevistados coincide en que hasta hace unos cinco años, el abigeo se realizaba de noche y sin que los criadores se dieran cuenta. Ahora se ejecuta a plena luz del día, con armas de fuego, se amordaza a los dueños o cuidadores, y se les amenaza o mata si se oponen.
El producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos, pero también en negocios legales.
Vicente Gómez, vicepresidente del sector pecuario del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) —asocia a grandes empresas como Bachoco, Alpura y Lala—, señala que el problema con el robo de ganado es la dificultad que tienen los compradores para saber de dónde proviene la carne, y si ésta es producto de un ilícito, pues por lo regular la comercialización la hacen intermediarios.
Daños a patrimonio
Datos del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial señalan que del 1 de diciembre de 2005 al 13 de julio de 2010, 28.6% de los robos de ganado ocurrieron con violencia. Las armas empleadas en 64.2% de los casos fueron de fuego; en 28.5%, punzocortantes, y en 7.1%, contundentes. Quienes cometen el delito en 97.5% de los casos son hombres de entre 26 y 35 años de edad.
El modus operandi de las bandas dedicadas al abigeato es similar en los estados. Integrantes de la Confederación Nacional Ganadera señalan que en algunos casos las bandas dedicadas al narcotráfico comienzan a involucrarse en el robo de ganado, pero aún son los menos.
Rubén Dávila, ganadero miembro de la Unión Ganadera de Morelos, señala: “Por acá hay el rumor de que en la parte que colinda con Michoacán hay gente del cártel de La Familia que tiene grupos dedicados al abigeato. La autoridad dice que no, pero entonces cómo se entiende que cada vez usan más armas de fuego y se llevan hasta 20 o 30 cabezas de un jalón. Eso antes no pasaba”.
Aunque pocos ganaderos hablan de los vínculos entre el narcotráfico y las bandas dedicadas al robo de ganado por temor a represalias, la mayoría coincide en que el delito ha cobrado mayor fuerza.
Felipe Silva Ruiz, presidente de la Asociación Ganadera de San Juan del Río, Querétaro, asegura que “se han dado casos a plena luz del día y con uso de violencia por parte de gente armada”.
El delito se comete en las carreteras principales, pero también en los caminos serranos poco transitados.
Ezequiel Contreras, presidente de la Unión Ganadera Centro-Sur, ha recibido 60 denuncias por robo de ganado en 2010. La mayoría de los reportes provienen de Ocuilán, San José del Rincón y Jilotepec, en el estado de México. “Hay ganaderos que al despertar ven sus corrales vacíos, pero hay otros, cada vez más comunes, a quienes les roban y amenazan con armas de fuego; si antes se robaban una o dos cabezas, ahora son 20 o 30”.
Ahí mismo, en el estado de México, Víctor Mazutti, presidente de la Unión Ganadera Regional, ubica otros municipios donde son frecuentes los hurtos: Tequixquiac, Apaxco, Hueypoxtla, Santa María Cuevas, Zumpango, Texcoco y Teotihuacán. “Bandas bien organizadas asaltan los ranchos a punta de pistola y apoyados con camiones o tráileres se llevan vacas, toros y borregos y la mayoría de ellos son animales de engorda, listos para ser sacrificados y vendidos en las carnicerías o rastros”, asegura.
Ello, a pesar de que en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán se le considera copartícipe del abigeato a quien introduzca ganado a un rastro o lo sacrifique sin justificar su legítima propiedad.
“Actúan en grupo”
Wenceslao Camacho, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, dice que los delincuentes rompen el alambrado de los corrales, a veces entran armados y amagan a los empleados. Incluso hay algunos que ahí matan a los animales para subirlos a camionetas.
En Michoacán, el dirigente de la Asociación Ganadera, Javier Rivera, dice que en diferentes municipios del estado el año pasado se denunciaron alrededor de 300 robos, “y este año, la tendencia es similar”, lo que representa graves pérdidas para los ganaderos, pues cada cabeza tiene un costo promedio de 15 mil pesos. Los ladrones de ganado, asegura, actúan en grupo y cuentan con transporte especial para el traslado de reses y en su mayoría, se sospecha, provienen de otros estados de la República.
Datos de la División de Análisis del Crimen de la Procuraduría del estado indican que los animales robados son vendidos en rastros clandestinos o en mataderos oficiales con la complicidad del personal que acepta la carne con fotocopias simples de presuntos certificados de propiedad y documentos alterados.
Esta entidad reconoce que por cada tres robos que se cometen, dos no son denunciados. Acepta que la policía local no está capacitada para inspeccionar los transportes de ganado y detectar las cabezas obtenidas de manera ilegal.
En Tabasco, Crisanto Méndez, delegado municipal de la Procuraduría estatal, reconoce que el delito se ha incrementado en la región, pues sólo en el primer trimestre de 2010 se reportó el robo de 200 reses, “y sólo 40% de los productores presentan su denuncia”. Señala que parte del ganado producto de los hurtos es trasladado a comunidades de Chiapas e incluso de Guatemala.
Felipe Silva Ruiz, presidente de los ganaderos de San Juan del Río, Querétaro, considera: “Si tuviéramos una coordinación entre las diferentes policías para controlar el movimiento de ganado y que revisen la documentación adecuada, nos ayudaría mucho a disminuir el problema, y aunque se lleven cuatro o cinco cabezas de un lote de 25 afectan seriamente la economía del ganadero”.
Así es. Los daños ocasionados por el robo de ganado, según el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, son en 82.5% de los casos, patrimoniales. En 1.6% las personas resultan heridas por evitar que se lleven su ganado, y 2.2% pierde la vida. Eso le ocurrió al ganadero Joel Jiménez Crisóstomo, quien el 23 de enero de 2008 murió en un enfrentamiento con habitantes de la comunidad Urapicho, en Paracho, Michoacán, acusados de robar 20 cabezas de ganado.
Aunque la mayoría de los ganaderos asegura que las cabezas robadas se venden en la misma entidad de donde son sustraídas, también es posible que sean trasladadas a otros estados de la República para su comercialización.
“El ganado que se roban no tiene más que dos destinos: o es sacrificado dentro de la entidad o sale de ella amparado con documentos apócrifos”, dice Joaquín Ponce de León, presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán.
Así actuaba la banda de El Chato, un joven de 23 años de edad, quien junto con otros tres cómplices cometieron 17 robos en diferentes municipios del estado de Jalisco y trasladaba las cabezas a Michoacán para ser vendidas. Los miembros de esta banda fueron detenidos el 3 de noviembre pasado cuando robaban 34 porcinos y nueve bovinos en un rancho del municipio de Autlán de Navarro.
También el producto robado puede llegar a su mesa. Vicente Gómez, vicepresidente del sector pecuario del CNA, dice que es difícil saber de dónde proviene el ganado que llega a los siguientes eslabones de la cadena de comercialización como los de engorda y distribución. “Muchos de los comercializadores reciben la carne a través de intermediarios y en esta parte de la cadena es difícil tener una certeza de dónde proviene”.
Tianguis de carne
En Almoloya de Juárez, en el estado de México, opera desde hace 80 años el principal tianguis de ganado de todo el país. En él, cada lunes, de seis de la mañana a dos de la tarde, alrededor de 300 ganaderos de varios estados de la República comercializan sus reses. En vehículos trasladan su ganado desde Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, principalmente. Llegan, bajan a los animales y los ponen en los amarraderos para exhibirlos ante los posibles compradores. La compra-venta se realiza en el mismo lugar y con dinero en efectivo.
Ezequiel Contreras, presidente de la Unión Ganadera Centro-Sur, asegura que tiene años denunciando que en ese sitio se venden las cabezas que son robadas en la entidad, “pero como se manejan muchos intereses económicos, la autoridad no hace nada”. En esta plaza se comercializan hasta 6 mil cabezas en un día “sin que haya control de lo que se vende, sin que se acredite la propiedad legal de los animales y falsificando documentos o regularizándolos a su manera”.
José González Colín, asesor del comisariado ejidal de Mayorazgo de León y encargado del lugar, asegura que el ganado que ahí se vende es legal.
“Nadie puede entrar al tianguis si no se demuestra la propiedad del animal”, asevera. Insiste en que cada productor tiene un documento que avala la propiedad del ganado. “Nosotros llevamos un registro de toda la compra-venta que se hace aquí, y ya de lo que pase afuera de aquí no nos hacemos responsables. Ha habido ocasiones en las que llegan personas sin documentos y las remitimos con las autoridades”, explica José González Colín.
Piden operativos sorpresa
Dice que para evitar el robo de ganado, las policías municipal y estatal deben hacer operativos sorpresa e inspeccionar los vehículos sospechosos, “pero en lugar de eso, la policía judicial instala retenes y revisa a los ganaderos, y a los que ve con dinero se los quita y les exigen que demuestren que ese dinero es por la venta de tus animales; les piden factura, pero cómo la van a tener, es imposible”.
Adentro del tianguis, Juan Carlos González, criador de becerros, asegura que a él le han “robado” dinero los judiciales. “Yo como criador no tengo facturas porque en donde compro pastura no me dan, y si ven que traigo en la bolsa 30 mil o 40 mil pesos me dicen: ‘Seguro lo tienes para comprar droga’, y ahora hasta de narcos nos acusan”.
Los delincuentes no pretendían robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco kilómetros adelante. Querían la “mercancía” que iba en la parte trasera, cuyo valor fue estimado por su dueño en 70 mil pesos. Iban por los tres becerros y el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos años y medio. Carlos es ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el negocio familiar de cría y venta de becerros. “Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la piensa porque ahora te cuesta la vida”.
Organizaciones ganaderas de al menos 11 estados de la República aseguran que el robo de ganado o abigeato —como se tipifica el delito— ha repuntado en los últimos dos años. Los caballos, las vacas, los borregos y los becerros son los principales animales robados, y las pérdidas para los criadores son contabilizadas en varios miles de pesos.
Un toro, por ejemplo, llega a costar entre 8 mil y 10 mil pesos; una vaca ,entre 10 mil y 12 mil pesos; una vaca lechera se vende hasta en 25 mil pesos; un caballo entre 15 mil y 30 mil pesos, y un becerro cuesta entre 10 y 20 mil pesos.
Ganaderos de Aguascalientes, el estado de México, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas consideran que este delito ha crecido entre 30% y 50%, y lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito.
Las sanciones para los delincuentes que cometen abigeato varían, según el Código Penal de cada estado de la República, entre los seis y 20 años de cárcel, pero pocos son los responsables procesados. “Denunciarlo, ni pensarlo, porque se pierden cuando menos cuatro horas y al final los sueltan. Mejor, para evitarse más problemas y las represalias, uno se queda callado por temor, para evitar que nos maten, nos secuestren o nos extorsionen porque sabemos que pues ya se trata de gente de aquí mismo de la comunidad, que ahora está metida en el narco”, dice Carlos Camarena.
Ninguna autoridad federal —incluida la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)— lleva a cabo un registro de los robos de ganado que se cometen en el país y los ganaderos suelen apelar a la buena voluntad de las procuradurías estatales para que se realicen operativos e inspecciones en carreteras que contribuyan a disminuir el delito.
La mayoría de los ganaderos entrevistados coincide en que hasta hace unos cinco años, el abigeo se realizaba de noche y sin que los criadores se dieran cuenta. Ahora se ejecuta a plena luz del día, con armas de fuego, se amordaza a los dueños o cuidadores, y se les amenaza o mata si se oponen.
El producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos, pero también en negocios legales.
Vicente Gómez, vicepresidente del sector pecuario del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) —asocia a grandes empresas como Bachoco, Alpura y Lala—, señala que el problema con el robo de ganado es la dificultad que tienen los compradores para saber de dónde proviene la carne, y si ésta es producto de un ilícito, pues por lo regular la comercialización la hacen intermediarios.
Daños a patrimonio
Datos del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial señalan que del 1 de diciembre de 2005 al 13 de julio de 2010, 28.6% de los robos de ganado ocurrieron con violencia. Las armas empleadas en 64.2% de los casos fueron de fuego; en 28.5%, punzocortantes, y en 7.1%, contundentes. Quienes cometen el delito en 97.5% de los casos son hombres de entre 26 y 35 años de edad.
El modus operandi de las bandas dedicadas al abigeato es similar en los estados. Integrantes de la Confederación Nacional Ganadera señalan que en algunos casos las bandas dedicadas al narcotráfico comienzan a involucrarse en el robo de ganado, pero aún son los menos.
Rubén Dávila, ganadero miembro de la Unión Ganadera de Morelos, señala: “Por acá hay el rumor de que en la parte que colinda con Michoacán hay gente del cártel de La Familia que tiene grupos dedicados al abigeato. La autoridad dice que no, pero entonces cómo se entiende que cada vez usan más armas de fuego y se llevan hasta 20 o 30 cabezas de un jalón. Eso antes no pasaba”.
Aunque pocos ganaderos hablan de los vínculos entre el narcotráfico y las bandas dedicadas al robo de ganado por temor a represalias, la mayoría coincide en que el delito ha cobrado mayor fuerza.
Felipe Silva Ruiz, presidente de la Asociación Ganadera de San Juan del Río, Querétaro, asegura que “se han dado casos a plena luz del día y con uso de violencia por parte de gente armada”.
El delito se comete en las carreteras principales, pero también en los caminos serranos poco transitados.
Ezequiel Contreras, presidente de la Unión Ganadera Centro-Sur, ha recibido 60 denuncias por robo de ganado en 2010. La mayoría de los reportes provienen de Ocuilán, San José del Rincón y Jilotepec, en el estado de México. “Hay ganaderos que al despertar ven sus corrales vacíos, pero hay otros, cada vez más comunes, a quienes les roban y amenazan con armas de fuego; si antes se robaban una o dos cabezas, ahora son 20 o 30”.
Ahí mismo, en el estado de México, Víctor Mazutti, presidente de la Unión Ganadera Regional, ubica otros municipios donde son frecuentes los hurtos: Tequixquiac, Apaxco, Hueypoxtla, Santa María Cuevas, Zumpango, Texcoco y Teotihuacán. “Bandas bien organizadas asaltan los ranchos a punta de pistola y apoyados con camiones o tráileres se llevan vacas, toros y borregos y la mayoría de ellos son animales de engorda, listos para ser sacrificados y vendidos en las carnicerías o rastros”, asegura.
Ello, a pesar de que en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán se le considera copartícipe del abigeato a quien introduzca ganado a un rastro o lo sacrifique sin justificar su legítima propiedad.
“Actúan en grupo”
Wenceslao Camacho, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, dice que los delincuentes rompen el alambrado de los corrales, a veces entran armados y amagan a los empleados. Incluso hay algunos que ahí matan a los animales para subirlos a camionetas.
En Michoacán, el dirigente de la Asociación Ganadera, Javier Rivera, dice que en diferentes municipios del estado el año pasado se denunciaron alrededor de 300 robos, “y este año, la tendencia es similar”, lo que representa graves pérdidas para los ganaderos, pues cada cabeza tiene un costo promedio de 15 mil pesos. Los ladrones de ganado, asegura, actúan en grupo y cuentan con transporte especial para el traslado de reses y en su mayoría, se sospecha, provienen de otros estados de la República.
Datos de la División de Análisis del Crimen de la Procuraduría del estado indican que los animales robados son vendidos en rastros clandestinos o en mataderos oficiales con la complicidad del personal que acepta la carne con fotocopias simples de presuntos certificados de propiedad y documentos alterados.
Esta entidad reconoce que por cada tres robos que se cometen, dos no son denunciados. Acepta que la policía local no está capacitada para inspeccionar los transportes de ganado y detectar las cabezas obtenidas de manera ilegal.
En Tabasco, Crisanto Méndez, delegado municipal de la Procuraduría estatal, reconoce que el delito se ha incrementado en la región, pues sólo en el primer trimestre de 2010 se reportó el robo de 200 reses, “y sólo 40% de los productores presentan su denuncia”. Señala que parte del ganado producto de los hurtos es trasladado a comunidades de Chiapas e incluso de Guatemala.
Felipe Silva Ruiz, presidente de los ganaderos de San Juan del Río, Querétaro, considera: “Si tuviéramos una coordinación entre las diferentes policías para controlar el movimiento de ganado y que revisen la documentación adecuada, nos ayudaría mucho a disminuir el problema, y aunque se lleven cuatro o cinco cabezas de un lote de 25 afectan seriamente la economía del ganadero”.
Así es. Los daños ocasionados por el robo de ganado, según el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, son en 82.5% de los casos, patrimoniales. En 1.6% las personas resultan heridas por evitar que se lleven su ganado, y 2.2% pierde la vida. Eso le ocurrió al ganadero Joel Jiménez Crisóstomo, quien el 23 de enero de 2008 murió en un enfrentamiento con habitantes de la comunidad Urapicho, en Paracho, Michoacán, acusados de robar 20 cabezas de ganado.
Aunque la mayoría de los ganaderos asegura que las cabezas robadas se venden en la misma entidad de donde son sustraídas, también es posible que sean trasladadas a otros estados de la República para su comercialización.
“El ganado que se roban no tiene más que dos destinos: o es sacrificado dentro de la entidad o sale de ella amparado con documentos apócrifos”, dice Joaquín Ponce de León, presidente de la Unión Ganadera Regional de Michoacán.
Así actuaba la banda de El Chato, un joven de 23 años de edad, quien junto con otros tres cómplices cometieron 17 robos en diferentes municipios del estado de Jalisco y trasladaba las cabezas a Michoacán para ser vendidas. Los miembros de esta banda fueron detenidos el 3 de noviembre pasado cuando robaban 34 porcinos y nueve bovinos en un rancho del municipio de Autlán de Navarro.
También el producto robado puede llegar a su mesa. Vicente Gómez, vicepresidente del sector pecuario del CNA, dice que es difícil saber de dónde proviene el ganado que llega a los siguientes eslabones de la cadena de comercialización como los de engorda y distribución. “Muchos de los comercializadores reciben la carne a través de intermediarios y en esta parte de la cadena es difícil tener una certeza de dónde proviene”.
Tianguis de carne
En Almoloya de Juárez, en el estado de México, opera desde hace 80 años el principal tianguis de ganado de todo el país. En él, cada lunes, de seis de la mañana a dos de la tarde, alrededor de 300 ganaderos de varios estados de la República comercializan sus reses. En vehículos trasladan su ganado desde Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, principalmente. Llegan, bajan a los animales y los ponen en los amarraderos para exhibirlos ante los posibles compradores. La compra-venta se realiza en el mismo lugar y con dinero en efectivo.
Ezequiel Contreras, presidente de la Unión Ganadera Centro-Sur, asegura que tiene años denunciando que en ese sitio se venden las cabezas que son robadas en la entidad, “pero como se manejan muchos intereses económicos, la autoridad no hace nada”. En esta plaza se comercializan hasta 6 mil cabezas en un día “sin que haya control de lo que se vende, sin que se acredite la propiedad legal de los animales y falsificando documentos o regularizándolos a su manera”.
José González Colín, asesor del comisariado ejidal de Mayorazgo de León y encargado del lugar, asegura que el ganado que ahí se vende es legal.
“Nadie puede entrar al tianguis si no se demuestra la propiedad del animal”, asevera. Insiste en que cada productor tiene un documento que avala la propiedad del ganado. “Nosotros llevamos un registro de toda la compra-venta que se hace aquí, y ya de lo que pase afuera de aquí no nos hacemos responsables. Ha habido ocasiones en las que llegan personas sin documentos y las remitimos con las autoridades”, explica José González Colín.
Piden operativos sorpresa
Dice que para evitar el robo de ganado, las policías municipal y estatal deben hacer operativos sorpresa e inspeccionar los vehículos sospechosos, “pero en lugar de eso, la policía judicial instala retenes y revisa a los ganaderos, y a los que ve con dinero se los quita y les exigen que demuestren que ese dinero es por la venta de tus animales; les piden factura, pero cómo la van a tener, es imposible”.
Adentro del tianguis, Juan Carlos González, criador de becerros, asegura que a él le han “robado” dinero los judiciales. “Yo como criador no tengo facturas porque en donde compro pastura no me dan, y si ven que traigo en la bolsa 30 mil o 40 mil pesos me dicen: ‘Seguro lo tienes para comprar droga’, y ahora hasta de narcos nos acusan”.
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