MILENIO
Obligadas por la situación, PGR y SRE emitieron un comunicado en el que confirman la existencia de dicho testigo; la cancillería señala que hasta ahora no ha recibido notas diplomáticas o quejas por la matanza.
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene bajo su custodia a un indocumentado hondureño que también sobrevivió a la matanza que perpetró el cártel de Los Zetas contra 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, el pasado 24 de agosto.
Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, indicó que dicha persona se encuentra en calidad de testigo y ha aportado información relevante para identificar a los sicarios.
El gobierno mexicano se vio obligado a revelar la existencia de este segundo sobreviviente, luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que su connacional Luis Freddy Lara Pomavilla le contó que además de él se había salvado un ciudadano hondureño. Dicha persona, precisó Nájera Herrera, fue encontrada en un rancho aledaño a donde se perpetró la masacre.
En respuesta, el gobierno de Honduras calificó de “irresponsable” al mandatario ecuatoriano por revelar que una segunda persona sobrevivió a la matanza.
Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, indicó que dicha persona se encuentra en calidad de testigo y ha aportado información relevante para identificar a los sicarios.
El gobierno mexicano se vio obligado a revelar la existencia de este segundo sobreviviente, luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó que su connacional Luis Freddy Lara Pomavilla le contó que además de él se había salvado un ciudadano hondureño. Dicha persona, precisó Nájera Herrera, fue encontrada en un rancho aledaño a donde se perpetró la masacre.
En respuesta, el gobierno de Honduras calificó de “irresponsable” al mandatario ecuatoriano por revelar que una segunda persona sobrevivió a la matanza.
“Lamentamos la irresponsabilidad con que esta noticia salió al aire, particularmente porque un alto dignatario debería de darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas”, dijo el canciller de Honduras, Mario Canahuati.
Horas tarde el gobierno de Ecuador rechazó las críticas. En un comunicado, tildó de “inaceptables” las declaraciones de Honduras.
“Rechazamos los inaceptables calificativos del ilegítimo gobierno de Honduras (...) se trata de una reacción a la posición que Ecuador ha mantenido de no reconocer a un gobierno que favorece la impunidad a favor de los responsables de un golpe de Estado”, señaló en ferencia a los hechos del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya.
El vocero de la PGR explicó que en ese lugar donde estaba el hondureño se hallaban los 72 migrantes ultimados más tarde, pero estos últimos fueron llevados después al rancho de San Fernando.
Allí fueron asesinados; sin embargo, el ecuatoriano Lara Pomavilla pudo escapar herido y posteriormente dio aviso de los hechos a elementos de la Marina.
Nájera Herrera enfatizó que desde el primer momento el gobierno de México proporcionó protección y resguardo al hondureño, con el pleno conocimiento y apoyo de las autoridades de su país, ofreciéndole asimismo las alternativas correspondientes a su estatus migratorio y guardando la máxima reserva posible a fin de garantizar su seguridad.
Igualmente, dijo, se mantiene una estrecha comunicación con las embajadas de los países cuyos ciudadanos figuran entre los fallecidos y se sigue apoyando los procesos de identificación y repatriación de las víctimas a sus países de origen.
Por estos hechos la Procuraduría General de la República mantiene arraigado a Eduardo Rico Pérez, uno de los sospechosos de participar en el levantamiento y homicidio de los 72 inmigrantes.
Un juez federal otorgó la medida cautelar contra esta persona, quien se hizo pasar como menor de edad luego de ser detenido por elementos de la Secretaría Marina, tras un enfrentamiento en los alrededores del rancho.
Horas tarde el gobierno de Ecuador rechazó las críticas. En un comunicado, tildó de “inaceptables” las declaraciones de Honduras.
“Rechazamos los inaceptables calificativos del ilegítimo gobierno de Honduras (...) se trata de una reacción a la posición que Ecuador ha mantenido de no reconocer a un gobierno que favorece la impunidad a favor de los responsables de un golpe de Estado”, señaló en ferencia a los hechos del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya.
El vocero de la PGR explicó que en ese lugar donde estaba el hondureño se hallaban los 72 migrantes ultimados más tarde, pero estos últimos fueron llevados después al rancho de San Fernando.
Allí fueron asesinados; sin embargo, el ecuatoriano Lara Pomavilla pudo escapar herido y posteriormente dio aviso de los hechos a elementos de la Marina.
Nájera Herrera enfatizó que desde el primer momento el gobierno de México proporcionó protección y resguardo al hondureño, con el pleno conocimiento y apoyo de las autoridades de su país, ofreciéndole asimismo las alternativas correspondientes a su estatus migratorio y guardando la máxima reserva posible a fin de garantizar su seguridad.
Igualmente, dijo, se mantiene una estrecha comunicación con las embajadas de los países cuyos ciudadanos figuran entre los fallecidos y se sigue apoyando los procesos de identificación y repatriación de las víctimas a sus países de origen.
Por estos hechos la Procuraduría General de la República mantiene arraigado a Eduardo Rico Pérez, uno de los sospechosos de participar en el levantamiento y homicidio de los 72 inmigrantes.
Un juez federal otorgó la medida cautelar contra esta persona, quien se hizo pasar como menor de edad luego de ser detenido por elementos de la Secretaría Marina, tras un enfrentamiento en los alrededores del rancho.
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