Ciudad de México.- Los medios de comunicación en México no cuentan con protocolos de seguridad para la cobertura de temas de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, y nuestro país es uno de los de mayor riesgo para ejercer el periodismo, afirmó la presidenta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Karen Sánchez Abbott.
Al reconocer el esfuerzo del Gobierno federal en el combate a la inseguridad y estar conscientes de la magnitud de esta situación, manifestó el compromiso de este sector de que antes que concluya este año, se cuente con un acuerdo por la discreción que guié la labor informativa.
"Es un compromiso de los medios electrónicos de comunicación para recuperar la estabilidad y el orden", precisó.
En la ceremonia de clausura de la 52 Semana Nacional de Radio y Televisión, comentó además de que conscientes de que su labor principal es proteger la libertad de expresión, "también buscamos no exponer a los periodistas y trabajadores de las estaciones de radio y televisión, contribuyendo a forjar un país informado y seguro".
"Estamos abiertos al diálogo, la única vía para dar continuidad a una industria que presta un servicio a la sociedad, sin depender del erario público", puntualizó.Afirmó que el régimen democrático del que hoy gozamos impulsa el ejercicio de esta garantía. "Este derecho, para el bien de México, es ya irreversible", dijo.
Directa, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dijo que en los últimos años la radiodifusión concesionada enfrenta obstáculos que frenan su desarrollo: la falta de certeza jurídica, el rezago tecnológico y la instalación ilegal de emisoras.
Un pilar fundamental de cualquier industria es la certeza jurídica. De 2006 a la fecha más de 170 estaciones de radio operan en la indefinición. "Es la problemática más grave de la radiodifusión concesionada en México en las últimas décadas".Demandó avanzar en evitar la proliferación de estaciones que operen sin autorización.
"Esta práctica constituye un delito federal, violenta acuerdos internacionales, genera interferencias a las legalmente establecidas y pasa por alto un principio básico: el respeto al derecho como la única vía para la gobernabilidad y solidez de las instituciones", declaró.
Agradeció, a nombre de empresarios y trabajadores de la radio, el que el Gobierno federal y las distintas fuerzas políticas mostraran la firme voluntad de que las estaciones recuperen la seguridad jurídica y que más de 60 mil familias que dependen directamente de esta industria confíen en que las empresas requerirán de su talento y trabajo.Afirmó que el refrendo de los títulos de concesión restituye el futuro a la radio mexicana.
"Lo que nos corresponde a nosotros es el refrendo de nuestra responsabilidad de servir al país. Tengan la certeza de que no defraudaremos su confianza y continuaremos trabajando a favor del desarrollo de México", aseveró.
Señaló que se avanza en la modernización tecnológica de la radio y se revierte el rezago, para dejar de ser el país con mayor proporción de estaciones de Amplitud Modulada respecto de la Frecuencia Modulada."Hace apenas tres meses, el 66 por ciento de las estaciones concesionadas transmitían en la banda de AM y sólo el 34 por ciento operaba en la banda de FM.
Hoy día, la Cofetel autorizó a 162 emisoras a iniciar transmisiones y convocó a 338 concesionarios de AM a seguir el trámite correspondiente", explicó.Advirtió sobre algunas propuestas que, dijo, no son asuntos menores y ponen en peligro la viabilidad de la industria, que permitirían la venta de publicidad en las estaciones permisionadas.
"Incluir a más de 600 estaciones de radio y televisión en los presupuestos publicitarios generaría la saturación del mercado, aunado a la competencia desleal, puesto que contarían con fondos públicos y beneficios fiscales y se pondría en peligro la permanencia de la radiodifusión concesionada, cuya única fuente de financiamiento es la publicidad, que no tiene costo ni para el Estado ni para el usuario final", puntualizó.
Y pidió tener presente la carga tributaria de la radiodifusión, sin paralelo a otras industrias concesionadas del país ni en otras democracias liberales.
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