CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 6, 2009.- La extradición del ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia es un hecho incontrovertible debido a que existen varias órdenes de aprehensión contra él, las cuales han sido ratificadas por diversos jueces, afirmó el abogado Agustín Acosta.
El representante legal de mineros defraudados por Gómez Urrutia sostuvo que son inconsistentes las versiones difundidas por los cómplices del ex líder gremial respecto a que se trata de una persecución política.
El jurista señaló que han quedado acreditados los delitos y el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/ 9645-2 efectuados por el grupo encabezado por el ex dirigente minero, quien se encuentra en Canadá.
Por el contrario, dijo, se trata de un reclamo de justicia de los mineros afectados por la cancelación del referido fideicomiso, el desvío y la apropiación ilegal de sus cuantiosos recursos, y negó que exista un manejo discrecional en la solicitud de extradición de Gómez Urrutia.
En entrevista señaló que "es fantasioso afirmar que el gobierno mexicano inició el trámite de extradición como consecuencia directa de un amparo promovido por Gómez Urrutia, pues la petición de extradición se llevó en valija diplomática a la Embajada de México en Canadá el 24 de diciembre de 2008".
Acosta Azcón añadió que fue el 30 de diciembre cuando se formuló la petición formal de extradición al gobierno de Canadá.
El amparo fue presentado el 9 de enero de 2009, es decir, varios días después de que las autoridades mexicanas hubieren efectuado la petición a Canadá. Por tanto, la petición de extradición nada tiene que ver ni es consecuencia de la demanda de amparo.
Por otro lado, informó que Napoleón Gómez Urrutia no ha sido exonerado por autoridad alguna y que a la fecha se sigue un proceso penal a dos personas por la extinción ilegal del fideicomiso de 55 millones de dólares, las cuales están detenidas.
Esto debido a que se ha acreditado plenamente la responsabilidad penal y los jueces sólo esperan de que sea extraditado para llevarlo a juicio.
El representante legal de mineros defraudados por Gómez Urrutia sostuvo que son inconsistentes las versiones difundidas por los cómplices del ex líder gremial respecto a que se trata de una persecución política.
El jurista señaló que han quedado acreditados los delitos y el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/ 9645-2 efectuados por el grupo encabezado por el ex dirigente minero, quien se encuentra en Canadá.
Por el contrario, dijo, se trata de un reclamo de justicia de los mineros afectados por la cancelación del referido fideicomiso, el desvío y la apropiación ilegal de sus cuantiosos recursos, y negó que exista un manejo discrecional en la solicitud de extradición de Gómez Urrutia.
En entrevista señaló que "es fantasioso afirmar que el gobierno mexicano inició el trámite de extradición como consecuencia directa de un amparo promovido por Gómez Urrutia, pues la petición de extradición se llevó en valija diplomática a la Embajada de México en Canadá el 24 de diciembre de 2008".
Acosta Azcón añadió que fue el 30 de diciembre cuando se formuló la petición formal de extradición al gobierno de Canadá.
El amparo fue presentado el 9 de enero de 2009, es decir, varios días después de que las autoridades mexicanas hubieren efectuado la petición a Canadá. Por tanto, la petición de extradición nada tiene que ver ni es consecuencia de la demanda de amparo.
Por otro lado, informó que Napoleón Gómez Urrutia no ha sido exonerado por autoridad alguna y que a la fecha se sigue un proceso penal a dos personas por la extinción ilegal del fideicomiso de 55 millones de dólares, las cuales están detenidas.
Esto debido a que se ha acreditado plenamente la responsabilidad penal y los jueces sólo esperan de que sea extraditado para llevarlo a juicio.
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