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En la penosa novela por entregas que se ha convertido el escándalo de “Rápido y Furioso”, el diario Los Angeles Times reveló que una segunda operación encubierta bautizada como “Receptor Abierto” habría permitido el trasiego ilegal de armas desde Tucson, Arizona, entre el 2006 y el 2007, para dotar de una poderosa capacidad de fuego a los cárteles de la droga.
Según los documentos entregados por el Departamento de Justicia a investigadores del Congreso, en este segundo operativo de “Receptor Abierto” una red de testaferros habrían adquirido armas que posteriormente “se perdieron en México”, según el contenido de los correos electrónicos que han confirmado la existencia de un segundo esquema de tráfico que funcionó bajo la fallida estrategia de “dejar caminar las armas” a través de la frontera.
En la enmarañada madeja de responsabilidades e informaciones a medias, Los Angeles Times cita a un funcionario del Departamento de Justicia asegurando que, altos cargos de esa oficina, sabían del esquema de trasiego ilegal de armas bajo el operativo de “Receptor Abierto”, pero desconocían que esta misma estrategia estaba siendo utilizada en el operativo hermano de “Rápido y Furioso”.
En un correo del mes de octubre del 2010, Jason Weinstein, el subprocurador general de la división criminal, se dirigió a James Trusty, jefe del Departamento de Crimen Organizado y Pandillas, en el que mencionó por primera vez los dos casos al manifestar su temor de que los operativos se fueran a superponer o coincidir.
“Es un asunto delicado dado el número de armas que han cruzado, pero representa un conjunto significativo de acusaciones”, aseguró en referencia a los planes para consignar a un considerable número de responsables que, con el tiempo, cayó en saco roto. En su respuesta, Trusty confió en que el caso de “Receptor Abierto” pudiera arrojar resultados antes que el operativo de “Rápido y Furioso” ante los tribunales.
En el correo, Trusty dice además que “no va a haber una gran sorpresa por el hecho de que armas estadounidenses estén siendo utilizadas en México, así es que no estoy muy seguro por las quejas que recibiremos por la estrategia de ‘dejarlas caminar’. Más bien creo que dirán finalmente están yendo detrás de las personas que mandaron las armas” a México, comentó en una cínica valoración de costo-beneficio que utilizaron los responsables detrás de los operativos.
Las nuevas revelaciones coinciden hoy con las versiones que desde el pasado lunes difundió la cadena CBS para sacar a la luz pública documentos que han puesto en entredicho las versiones ofrecidas por la administración y el testimonio del Fiscal General de Justicia, Eric Holder, quien hace cuatro meses negó ante el Congreso haber tenido conocimiento de este operativo de trasiego ilegal de armas.
Apenas el pasado mes de mayo, en una ríspida audiencia que le enfrentó con el republicano de más alto rango en el comité senatorial de justicia, Chuck Grassley, Holder aseguró que sólo se había enterado del operativo de “Rápido y Furioso” “en las últimas semanas”, es decir, mucho tiempo después del asesinato del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, en diciembre del 2010, que destapó el escándalo.
El problema es que, según los memorandums que ha difundido la cadena CBS, Holder habría sido informado desde el mes de julio del 2010 sobre operativos relacionados con “Rápido y Furioso”, en particular la red de contrabando de armas a cargo de Manuel Celis-Acosta.
El documento dirigido por el director de inteligencia de la DEA, Michael Walther, está fechado desde el pasado 9 de julio del 2010, es decir, mucho tiempo antes del asesinato del agente, Brian Terry.
Según un segundo memorándum difundido por CBS, en noviembre del 2010, el subprocurador general de la división criminal, Lanny Breuer le escribe un memorándum a Holder en el que le informa que el operativo de “Rápido y Furioso” está a punto de ser “desmantelado”.
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