El triunfo de un paciente con VIH

Rubén Valdés, un sicólogo de 61 años que vive con VIH desde hace 18 años, se anotó un triunfo jurídico al lograr que se admitiera el juicio de amparo que promovió, desde hace cuatro meses, en contra de la reducción al presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para atender y prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Asesorado por un grupo de abogados defensores de derechos humanos Valdés inició este juicio para revertir la decisión que adoptaron el gobierno del presidente Felipe Calderón y la Cámara de Diputados de recortar el presupuesto —de 25 a 17 millones de pesos— que se destinó para que el INER, en el año en curso, empleara en la atención a pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Este caso y el hecho de que hayan tenido que recurrir a un juicio para revertir la reducción presupuestal que afecta a personas con VIH, será expuesto por organismos no gubernamentales en la XVIII Conferencia Internacional de Sida que inició ayer en Viena, como muestra de la falta de compromiso de parte de las autoridades mexicanas para garantizar el derecho al acceso a la salud.
Porque consideran que “es claro que la reducción presupuestaria de 30% para la atención y prevención del VIH/sida al INER tendrá una afectación concreta sobre las vidas de los pacientes que ahí se atienden, ya que no podrán recibir una serie de servicios que necesitan para monitorear y atender su salud.
El primer paso
Para muchos, la admisión de una demanda es apenas el inicio de un litigio y no representa ninguna victoria, pero para Valdés y el grupo de abogados que lo defienden, el que su asunto haya sido admitido a trámite es un logro muy importante, porque había quienes consideraban que su demanda estaba destinada al fracaso y que ni si quiera existía la posibilidad de que fuera revisada.
Entre ellos, el juez que en primera instancia revisó su demanda y la desechó por considerarla notoriamente improcedente.
El juez Décimo Quinto en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Sergio Urzúa Hernández, desechó inicialmente la demanda porque estimó que a Valdés la reducción del presupuesto del INER no le afectó ni en su persona ni en su patrimonio.
Porque, en opinión del juez, al reducirse el presupuesto para el INER no se privó ni se restringió su derecho al acceso a la salud ni su tratamiento para el padecimiento de VIH, en virtud de que no se canceló el programa presupuestario Prevención y Atención del sida y otras ITS.
Pero también desechó su demanda porque determinó que el Presupuesto de Egresos de la Federación no puede ser impugnado mediante un juicio de amparo, dado que se trata de un acto administrativo y no de una norma de carácter general.
Margarita Castilla y Jimena Ávalos, de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes tienen a su cargo la defensa de Valdés, impugnaron la decisión del juez —aunque con pocas esperanzas de éxito— y al cabo de cuatro meses lograron que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocara la determinación y ordenara que la demanda fuera admitida.
Y así fue, el juez admitió la demanda el 7 de julio pasado y fijó como fecha para la audiencia el próximo 27 de julio.