
Notimex
CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 2, 2009.-La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el que se adiciona un título al Código Penal Federal, a fin de tipificar las conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra el ejercicio periodístico.
El dictamen que adiciona al código citado el Título 27. "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", reconoce los derechos de los representantes de los medios de comunicación para proteger su vida e integridad física cuando realicen su trabajo.
La propuesta tipifica como delito calificado el homicidio o la desaparición de periodistas con motivo del ejercicio de su actividad, por lo que actos ilícitos de ese tipo deberán ser competencia de la Federación, para una mejor persecución y administración de la justicia.
En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, manifestó la necesidad de otorgar mejores condiciones de seguridad al ejercicio del libre periodismo, sobre todo en los estados donde la presencia del crimen organizado está más acentuada, como en Ciudad Juárez.
Duarte Jáquez, quien suscribió esa iniciativa, recordó que el 13 de noviembre de 2008 fue asesinado Armando Rodríguez, reportero del diario de Ciudad Juárez, y crímenes como ese han ocurrido en todo el país, por lo que insistió en que el Poder Legislativo debe dar mayor seguridad a los periodistas.
A su vez, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia, consideró que "hoy es un día importante para la libertad de expresión en México".
El legislador panista afirmó que con el dictamen se da un paso adelante para proteger la información, ya que este año se han presentado ataques a medios de comunicación, como el ocurrido en instalaciones de Televisa en Monterrey, donde lanzaron una granada.
"En febrero mataron a tres periodistas en el país; desafortunadamente no ha habido la reacción de los órganos del Estado mexicano como debería ser. Ahora estamos protegiendo a la información, esa es la intención de este dictamen", agregó.
De acuerdo con el texto aprobado "quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa".
Además, destaca que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Señala que se entenderá por actividad periodística "el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio", concluye el texto.
Por otra parte, el pleno aprobó también un punto de acuerdo para que la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos en el proceso electoral 2009 investigue un presunto intento de desvío del erario, del director de la Lotería Nacional, Miguel Angel Jiménez.
El dictamen que adiciona al código citado el Título 27. "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión", reconoce los derechos de los representantes de los medios de comunicación para proteger su vida e integridad física cuando realicen su trabajo.
La propuesta tipifica como delito calificado el homicidio o la desaparición de periodistas con motivo del ejercicio de su actividad, por lo que actos ilícitos de ese tipo deberán ser competencia de la Federación, para una mejor persecución y administración de la justicia.
En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, manifestó la necesidad de otorgar mejores condiciones de seguridad al ejercicio del libre periodismo, sobre todo en los estados donde la presencia del crimen organizado está más acentuada, como en Ciudad Juárez.
Duarte Jáquez, quien suscribió esa iniciativa, recordó que el 13 de noviembre de 2008 fue asesinado Armando Rodríguez, reportero del diario de Ciudad Juárez, y crímenes como ese han ocurrido en todo el país, por lo que insistió en que el Poder Legislativo debe dar mayor seguridad a los periodistas.
A su vez, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia, consideró que "hoy es un día importante para la libertad de expresión en México".
El legislador panista afirmó que con el dictamen se da un paso adelante para proteger la información, ya que este año se han presentado ataques a medios de comunicación, como el ocurrido en instalaciones de Televisa en Monterrey, donde lanzaron una granada.
"En febrero mataron a tres periodistas en el país; desafortunadamente no ha habido la reacción de los órganos del Estado mexicano como debería ser. Ahora estamos protegiendo a la información, esa es la intención de este dictamen", agregó.
De acuerdo con el texto aprobado "quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa".
Además, destaca que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Señala que se entenderá por actividad periodística "el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio", concluye el texto.
Por otra parte, el pleno aprobó también un punto de acuerdo para que la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos en el proceso electoral 2009 investigue un presunto intento de desvío del erario, del director de la Lotería Nacional, Miguel Angel Jiménez.
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